La reforma de la Ley de Lenguas que impulsa el Gobierno PP-PAR equivale a la derogación del texto legal aprobado en 2009, que ya era una norma de mínimos

  • Nieves Ibeas Vuelta, portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón 

«Parece que se han impuesto en esos partidos las tesis de quienes desprecian nuestra diversidad lingüística y buscan réditos electorales en el anticatalanismo»

LA reforma de la Ley de Lenguas anunciada por el Gobierno de Aragón es en realidad una derogación en toda regla, camuflada bajo un texto de sustitución completamente absurdo que no resiste el mínimo análisis filológico.

En su obsesión por evitar nombrar a nuestras lenguas propias por su nombre, aragonés y catalán, el PP y el PAR se inventan que lo que se habla en Aragón, además del castellano, son dos lenguas: el aragonés «propio de las áreas pirenaica y prepirenaica» y el aragonés «propio del área oriental de la comunidad». Del catalán, nada. Si no fuera algo tan serio y que afecta a la dignidad de este país y de muchos hablantes, ciudadanos y ciudadanas aragoneses, sería para echarse a reír.
Hace quince años, cuando se aprobó en las Cortes el Dictamen de Política Lingüística, el PP y el PAR sí estaban de acuerdo en que se hablaba aragonés y catalán. ¿Qué les ha pasado? Las lenguas son las mismas, así que deberían explicar este cambio. Lo más probable es que se hayan impuesto internamente en esos partidos las tesis de quienes más desprecian nuestra diversidad lingüística y de quienes buscan réditos electorales fomentando el anticatalanismo y la defensa, en términos equivocados, de una identidad aragonesa monolítica y no plural. El PP aragonés se ha prestado de buen grado a la campaña sostenida de su partido contra todo lo que huela a autonomía y a diversidad, ya sea en el modelo educativo, sanitario, social, judicial, de organización territorial. También, en este caso, en el ámbito lingüístico.

Lástima que en una parte de la ciudadanía aragonesa haya calado más semejante mensaje mezquino que el esfuerzo denonado, argumentado y comprometido que durante décadas hemos mantenido muchas personas, asociaciones y colectivos por la dignificación de nuestra ciudadanía desde la dignificación de nuestras lenguas propias. Una de ellas, el aragonés, privativa de Aragón, está en serio riesgo y de su supervivencia somos los únicos responsables.
Uno de los objetivos fundacionales de CHA fue el reconocimiento legislativo de la realidad trilingüe de Aragón. Por ello contribuimos responsablemente a la aprobación de Ley de Lenguas de 2009, que reconocía derechos a los hablantes del aragonés y del catalán. La consideramos una ley de mínimos y, aun así, al PSOE le costó diez años dar un paso adelante que, visto lo visto, llegó demasiado tarde.

También hay que recordar la responsabilidad de todos los grupos que apoyaron la reforma del Estatuto de autonomía en 2007, que permitieron que se aprobara sin que nombrara ni una ni otra lengua. CHA se quedó sola en esta reivindicación. Y esta indefinición –auténtica falta de compromiso con nuestro pueblo– ha sido la puerta abierta para que ahora la consejera Dolores Serrat y el director general de Patrimonio Cultural, Javier Callizo, del PAR –sí, el mismo que, siendo consejero, presentó en 2001 un Anteproyecto de Ley que nombraba al aragonés y al catalán sin problemas–, digan que la reforma que pretenden perpetrar cumple con los preceptos del Estatuto. ¡Qué jugada!