Así lo ha señalado Oliván en rueda de prensa tras mantener un encuentro con Francisco Valero, director general en el Ministerio de Sanidad, quien ha informado de que han abordado la problemática que puede estar surgiendo entre Aragón y Cataluña sobre la asistencia sanitaria, un derecho que tienen todos los ciudadanos a percibir independientemente del lugar donde residan.
Para Oliván, es una cuestión que se ha agudizado desde hace unos meses y que preocupa mucho al Gobierno de Aragón, sobre todo por la “deriva” que está tomando porque empezó con cuestiones puntuales, y recetas de crónicos, y se ha extendido a toda la atención sanitaria.
Según el consejero, Cataluña está “incumpliendo” la obligación que tiene de atender a los aragoneses desplazados, bien sea con recetas o de centros sanitarios, y el acuerdo bilateral, firmado en 2005, para prestar asistencia a los ciudadanos a ambos lados de la zona oriental de Aragón, fundamentalmente derivados y urgencias.
Respecto al convenio, Oliván ha agregado que los acuerdos tienen sus cláusulas de rescisión, por lo queestán analizando el grado de cumplimiento para ver qué medidas pueden adoptar.
Ya que “mantener un convenio que se está incumpliendo no tiene ningún sentido. O se cumple o se rescinde”, ha afirmado, quien ha anunciado que se reunirá en “muy breves fechas” con su homólogo catalán, y que por si el fuera sería antes de finalizar este mes, para conocer cuál es la perspectiva y disposición de Cataluña sobre el acuerdo.
Mientras que respecto a los “desplazados”, cuyo coste tiene que ser asumido por cada comunidad, ha dicho que han mostrado su preocupación al Ministerio de Sanidad, al que enviarán próximamente un documento con los casos concretos de incumplimientos, para que la reclamación sea formal y pueda actuar dentro de sus competencias.
En este sentido, el director general de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, ha señalado que están a la espera de recibir ese documento para trasladarlo a la Consejería catalana, para intentar solucionar las incidencias que les ha manifestado Aragón por su pudiera existir “alguna quiebra” del derecho de asistencia.
En el caso de que se confirmara que Cataluña está haciendo una “interpretación no adecuada” del ordenamiento jurídico el Ministerio “tomarían las medidas” oportunas, como un requerimiento formal para que garantice los derechos de los desplazados.
Según Valero, es cierto que, al parecer, está habiendo interpretaciones diferentes en las CCAA respecto a un derecho “muy claro”, el de la prestación sanitaria de los desplazados.
Por ello, están a la espera de las conclusiones del grupo de trabajo, promovido por la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud, para analizar los problemas que se estaban produciendo, pero que se han revelado especialmente entre Aragón y Cataluña.
A partir de entonces, se intentaría lograr un compromiso de todas las comunidades y en el caso de mantenerse esos incumplimientos, o distintas interpretaciones, establecer las medidas oportunas para garantizar el derecho de los ciudadanos, mediante requerimientos formales.
El director general ha informado, sobre los pacientes que se “derivan” entre comunidades, para recibir tratamientos que no existen en el lugar de residencias, de que a lo largo de los últimos cuatro años el Fondo de Cohesión ha compensado a Cataluña con algo más 13 millones de euros por el flujo de aragoneses.
