El Ministerio de Sanidad no mediará ni intercederá en el conflicto con Cataluña por la atención a los pacientes de la Franja, dado que considera que se trata de un asunto “bilateral” entre dos comunidades autónomas que debe resolverse entre ellas en virtud del convenio firmado por ambas en el 2005. Esta decisión, que ayer comunicó en persona al consejero Ricardo Oliván el director general de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, Francisco Valero, cayó como un jarro de agua fría entre la Administración aragonesa, que siempre había apostado por involucrar al ministerio en este conflicto. Buscar una solución estará en manos ahora de ambas autonomías y, de hecho, Oliván tiene previsto reunirse “en breve” con su homólogo catalán.
El titular de Sanidad no dudó ayer en mostrar su malestar por los problemas que está generando la decisión de la Generalitat catalana de limitar la atención a los pacientes de la Franja a los que ya no se acepta en el hospital Arnau Vilanova de Lérida excepto para primeras urgencias. Según el consejero, Cataluña está “incumpliendo” el acuerdo bilateral, firmado en 2005, para prestar asistencia a los ciudadanos a ambos lados de la zona oriental de Aragón. mantener un convenio que se está incumpliendo no tiene ningún sentido.
MALESTAR “O se cumple o se rescinde”, aseguró Oliván, quien anunció que se reunirá en “muy breves fechas” con el consejero catalán de Salud y evitó “entrar en una guerra de cifras”. Asimismo, el consejero también se citará a finales de mes con los alcaldes de La Franja para evaluar las afecciones que están suponiendo los recortes en Cataluña.
A pesar de las quejas de Oliván, el representante del ministerio, que ayer acudió a Zaragoza tras una petición por escrito de la consejería, se lavó las manos respecto al asunto de la Franja. “Debe resolverse de modo bilateral y siguiendo los mecanismos que establece el propio convenio”, apuntó. Este acuerdo, que se firmó en el año 2005, ha permitido que los pacientes de las zonas fronterizas con Cataluña pudieran acudir a su centro sanitario más cercano, estuviera en suelo catalán o aragonés, aunque lo cierto es que la comunidad vecina ha sido la que ha asumido la mayor parte de la carga sanitaria, con una media de 35.000 aragoneses al año atendidos en el hospital de Lérida. En principio, el acuerdo se prorroga automáticamente hasta el 2015.
El ministerio sí intervendrá en otro de los frentes abiertos con Cataluña: la dispensación de recetas a los pacientes crónicos desplazados a esa comunidad, fundamentalmente a las zonas de playa. Ante las reiteradas denuncias por la negativa de los facultativos a realizar estas recetas, el ministerio ha pedido un informe detallado al Gobierno aragonés, que más adelante se cotejará con la propia Generalitat. En el caso de que se confirmara que Cataluña está haciendo una “interpretación no adecuada” del ordenamiento jurídico el Ministerio de Sanidad tomará las medidas oportunas, apuntó ayer Valero, como un requerimiento formal para que garantice los derechos de los desplazados.
INTERPRETACIONES Según el representante del ministerio, ya han tenido conocimiento de que está habiendo interpretaciones diferentes en las comunidades respecto a un derecho “muy claro”, el de la prestación sanitaria de los desplazados.
Incluso se creo un grupo de trabajo, auspiciado por el propio ministerio, en el que participaron todas las comunidades para analizar la situación que comenzó a funcionar durante la pasada primavera. “Se realizó una encuesta exhaustiva a cada comunidad que se presentará a la Comisión de Prestaciones”, añadió Francisco Valero.
