El intergrupo del Parlamento Europeo encargado de analizar el patrimonio lingüístico en los países miembros ha remitido una carta al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy y otra a la del Ejecutivo autonómico, Luisa Fernanda Rudi. En ellas advierte de que la modificación de la Ley de Lenguas en Aragón supone un “error científico de graves consecuencias jurídicas”.
Para el grupo de parlamentarios la política lingüística del Gobierno de Aragón es también errónea. Por denominar al aragonés “lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, cuestionando claramente su unidad esencial”. Y por llamar al catalán “lengua aragonesa de la área oriental de Aragón, negando implícitamente que sea la misma lengua que el catalán”. Ambas cuestiones dificultan, dice la misiva, el desarrollo social de ambas lenguas. Contradice, apunta, las recomendaciones del comité de expertos del Consejo de Europa, que se refieren expresamente al aragonés y al catalán.
RECOMENDACIÓN Los parlamentarios europeos expresan su preocupación por la situación que desde hace “tanto tiempo” se está dando en lo que respecta a las lenguas en Aragón. Por eso solicitan tanto a Rajoy como a Rudi que cumplan con la legalidad y que aplique con “carácter inmediato” todas las prescripciones contenidas en la ley que los populares han modificado.
La reacción del Parlamento Europeo se produce después de las reuniones que en mayo man tuvieron el presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, y el responsable de Asuntos Europeos, Miguel Martínez Tomey. Su objetivo era “pedir auxilio” en defensa de las lenguas minoritarias de Aragón, ante el que consideraban el incumplimiento de la Ley de Lenguas por parte del Ejecutivo.
Tras estudiar el caso de Aragón, el intergrupo constata que la aprobación de la Ley de Lenguas a finales del 2009 supuso “un paso decisivo” en el cumplimiento de los preceptos que el Consejo de Europa venía señalando para el caso aragonés desde su primer informe de evaluación allá por el 2005.
Sin embargo, señalan en la carta, a pesar de la necesidad “perentoria” de aplicar la norma en todos sus términos y de conformidad con los plazos que en ella se establecen, “hemos conocido que la ley no se está siendo cumplida por parte del Gobierno de Aragón, quien está obligado a garantizar con ella los derechos de sus hablantes”. Recuerdan también los parlamentarios que el aragonés está catalogado por la Unesco como una de las lenguas del planeta en peligro de extinción. Y que por ello es necesaria su protección.
En la carta se lamenta que “en los dos años y medio transcurridos desde su entrada en vigor –de la ley–, los territorios lingüísticos sobre los que han de implementarse las acciones de mayor calado no han sido definidos”. También se critica el hecho de que no se hayan creado las academias oficiales de la lengua aragonesa y del catalán, ni se han adoptado las medidas para posibilitar el uso de las lenguas en las relaciones entre la Administración y sus hablantes.
Pese a la contundencia de las cartas remitidas desde Europa, el Gobierno de Aragón, una vez realizados los cambios en la Ley de Lenguas original difícilmente dará marcha atrás. De hecho, las modificaciones han sido defendidas tanto por el PP, como por el PAR.
