Alcaldes de la N-230 piden al Gobierno central una reunión para fijar un plan de seguridad.

Representantes de 13 municipios de Aragón y Cataluña enviaron ayer las cartas para solicitar un encuentro conjunto

HUESCA. Cortaron y se manifestaron en la N-230 en junio con la finalidad de que se escuchara el grito unánime de los municipios de Aragón y Cataluña afectados por el mal estado de la vía. Varios accidentes graves se sucedieron después mientras que la única respuesta a la situación ha sido el aumento de la presencia de radares móviles. Por ello, los representantes de trece ayuntamientos de la provincia de Huesca –Arén, Benabarre, Bonansa, Montanuy, Puente de Montañana, Sopeira, Tolva y Viacamp– y de Lérida –Bosost, Les, Pont de Suert, Vall de Boí y Villaler– enviaron ayer cartas a diversos representantes del Gobierno central para solicitar una reunión conjunta en la que se diseñe un plan de seguridad para evitar los accidentes de tráfico.

En la misiva indican que «el deteriorado estado de la carretera N-230 conlleva numerosos accidentes, entendemos, debido a la falta de inversión necesaria y al cuantioso tráfico internacional pesado que en algunos tramos supera los 500 camiones y que es especialmente peligroso en varias travesías urbanas». Por ello, expresan que ven esta situación «con honda preocupación», por lo que han mantenido diversas reuniones para analizar las posibles actuaciones que podrían llevar a cabo. El último de estos encuentros, recuerdan, se produjo el pasado 11 de agosto, cuando los representantes de 15 instituciones de Huesca y Lérida acordaron solicitar reuniones a los representantes de los Ministerios de Fomento e Interior para abordar en su globalidad todas las cuestiones.

Por este motivo, las cartas se enviaron ayer al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y a su homóloga en Cataluña, María Llanos de Luna; a las subdelegadas en Huesca, María Teresa Lacruz, y en Lérida, Inma Manso; así como a los delegados territoriales de Carreteras en Aragón, Rafael López Guarga, y en Cataluña, Juan José Barios. Como remitentes, por la parte aragonesa, firmaban los alcaldes de Arén, Miguel Gracia; y de Sopeira, José María Ariño; y por la parte catalana, los de Les, Emili Medan; y Pont de Suert, Albert Alins, siempre en representación de los trece municipios citados.

En todos los casos, dejan claro que han invitado a los representantes regionales y provinciales de los ministerios de Fomento e Interior porque estiman que «sería preferible mantener conjuntamente la citada reunión para afrontar este problema en su totalidad, el recorrido de la N-230 entre Benabarre y la frontera francesa».

En este sentido, el alcalde de Arén, Miguel Gracia, insistió ayer en la idea de crear un plan de seguridad en la reunión «conjunta» para abordar todos los aspectos. Por un lado, se trataría de acordar las mejoras que fueran necesarias en el trazado o en los cruces para ganar en seguridad. Esta es la tarea que corresponde al Ministerio de Fomento. Por otro lado, también cree fundamental establecer los controles oportunos por parte del Ministerio del Interior con el mismo objetivo, ya que es una vía por la que circulan muchos vehículos pesados, por su proximidad a la frontera con Francia. También expuso que los recientes cierres de las conexiones con el país vecino y los peajes en las autopistas de Cataluña han propiciado el aumento del tráfico en la N-230. Ahora, la finalidad es reducir la siniestralidad.

«Ante nuestra queja la única respuesta ha sido la presencia de controles de radares camuflados, pero estos no aportan seguridad a la vía y menos aún en las travesías. Queremos que se avise y que se hagan controles para que los conductores sean conscientes del peligro que hay en la carretera», comentó Gracia. Pero además, quieren eliminar en la medida de lo posible ese peligro porque «quien siente la inseguridad es quien vive en el territorio». Para ello, recordó que no piden grandes inversiones como la construcción de la proyectada autovía A-14, «porque sabemos que los tiempos son complicados».

En el mismo sentido se expresó el alcalde de Sopeira, José María Ariño, que también indicó que los radares móviles solo servían para recaudar pero que lo que los municipios reclaman es un plan de seguridad, que conlleve mejoras efectivas. «Esta carretera no está preparada para el tráfico que soporta», comentó Ariño, por lo que apuesta por que se establezcan controles más rigurosos, especialmente del tráfico pesado, ya que a su juicio es el que genera más «peligro» en esta vía.

Publicat per “Heraldo de Aragon” edició de paper. dimarts 26 agost