Lo que no es de recibo es que ahora autoridades y hasta partidos catalanes se lancen a interferir en la política interna de nuestra Comunidad, tratando de imponer un nombre a una lengua que se usa en el Aragón oriental y hasta una institución como referencia para las cuestiones lingüísticas propias de nuestro territorio al que ellos llaman ‘Franja de Ponent’ sin plantearse siquiera que forma parte indisoluble de Aragón.
Campaña en defensa del catalán y en contra de la DGA en las instituciones de Cataluña
Convergencia Democrática de la Franja y Democrática de Catalunya impulsan mociones para exigir la retirada de la ley
ZARAGOZA. Política contra la DGA pero desde Cataluña. Esta es la estrategia que se han marcado los partidos catalanes –auspiciados por Convergencia Democrática de la Franja (CDF) y Convergencia Democrática de Catalunya (CDC)– para hacer frente a la nueva ley de lenguas que presentó el Gobierno de Aragón y que no reconoce ni el catalán ni el aragonés como lenguas propias. La norma, en fase de anteproyecto, se refiere a estas como «lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas».
Ante esta situación, CDF y CDC han iniciado una potente campaña en todas las instituciones catalanas (ayuntamientos, diputaciones y comarcas) en las que han impulsado mociones en defensa de la lengua catalana en el Aragón oriental. La última se aprobó el pasado viernes en el consejo comarcal del Segrià (fue presentada por CiU y recibió el apoyo de todos los partidos, salvo el PP que se abstuvo).
La misma iniciativa se llevará a la Diputación de Lérida el próximo 20 de julio. El texto consta de siete puntos. El primero pide al Gobierno de Aragón que «respete y utilice la denominación científica internacional de la lengua hablada en esa zona, el catalán, como riqueza patrimonial cultural a proteger y fomentar». El segundo reclama que se paralice el anteproyecto de ley de lenguas.
También se solicita a la DGA que «implemente la enseñanza obligatoria del catalán en los centros educativos de los municipios» del Aragón oriental «por respeto a los derechos lingüísticos de los hablantes y para garantizar su conocimiento y pervivencia». El cuarto punto insta a la DGA a que «mantenga los diferentes proyectos educativos bilingües (catalán-castellano) y trilingües (inglés-catalán-castellano)». Además, pide que reconozca «el Institut d’Estudis Catalans como autoridad académica competente» y que «vele por emplear criterios científicos a la hora de reglamentar su política lingüística, al considerar que esta debe ser de respeto, de fomento y de promoción, y siempre basada en criterios filológicos reconocidos y defendidos por la comunidad académica». Por último, la moción insta a dar trasladado del acuerdo a la DGA, a las comarcas del Aragón oriental, a la Plataforma por la Lengua y a la Mesa del Parlamento de Cataluña.
Otras iniciativas en Aragón
Esta campaña se desarrolla en paralelo a otra impulsada en las instituciones del Aragón oriental por CDF. Al no tener representación, este partido ha enviado una carta a todos los grupos parlamentarios con un texto similar a la moción de Cataluña para que lo planteen en los municipios de la zona. Según explicó la secretaria general de CDF, Marta Canales, también se ha remitido a los presidentes de las comarcas. «El objetivo común es defender el catalán», resumió. En total, se ha enviado a 140 grupos de la zona limítrofe.
INTROMISIÓN
EL mismo partido que desde la Generalitat defiende que el catalán sea la única lengua vehicular en las escuelas de Cataluña reclama a la DGA que sean dos –catalán y castellano– las lenguas obligatorias en los colegios del Aragón oriental. CDC anda impulsando mociones en los ayuntamientos de la comunidad vecina para, entre otras cosas, pedir que se «implemente la enseñanza obligatoria del catalán en los centros educativos de los municipios de la Franja». La decisión de PP y PAR de emprender la reforma de la Ley de Lenguas aprobada en la pasada legislatura –un texto este último prudente y con un encaje adecuado en la ortodoxia lingüística– no justifica esta intromisión en los asuntos aragoneses. Claro que no es la primera vez que vemos bullir el pancatalanismo por la zona oriental de Aragón, con la excusa de defender los derechos de sus ciudadanos. De todas formas, la iniciativa de Convergencia llegaría con menos ruidos, no tan contaminada, si los bienes religiosos de las parroquias aragonesas retenidos desde hace años en museos catalanes hubieran sido ya devueltos a sus legítimos propietarios, tal como exigen numerosas sentencias judiciales. Se respetarían así tanto la ley como la voluntad de los afectados por el expolio.
