El malestar de las comarcas con el Gobierno de Aragón, al que han acusado reiteradamente de estrangular sus finanzas pagando tarde y mal, estalló ayer en la Ribagorza, que ha dado un ultimátum a la DGA. Si en el plazo de tres meses no garantiza el dinero necesario, le devolverán las competencias impropias, es decir, las que ahora presta la comarca pese a ser de titularidad autonómica, como la educación de adultos, el transporte escolar, la extinción de incendios o algunos servicios de consumo, desarrollo o medio ambiente. La situación es de «ahogo» económico y pone en «grave riesgo» los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Alcades y consejeros comarcales, al término de la reunión celebrada en Benabarre.El acuerdo se adoptó ayer por la tarde en Benabarre en una reunión extraordinaria de la Comisión Consultiva a la que asistieron 27 representantes, entre alcaldes y consejeros comarcales de todos los partidos políticos, incluyendo PP y el PAR, que respaldaron por unanimidad el documento político propuesto por el presidente, el socialista José Franch.En él reclaman al Gobierno de Aragón una «justa» financiación, ponderando las transferencias en función de la baja demografía, la calidad de los servicios y la dispersión geográfica; exige puntualidad en el pago para a su vez poder pagar a los proveedores; y, por último, que asuma los servicios de su competencia que ahora presta la comarca, si «en tres meses» no suscribe convenios que garanticen una financiación justa.Las transferencias de la DGA se han reducido desde 2009 un 44% (de 2.976.556 euros a 1.521.179 euros), una rebaja importante teniendo en cuenta que son el 45% de los ingresos. A ello se une las demora en el pago. Según la comarca, la ley obliga a realizarlos en los primeros 15 días de cada trimestre, pero se ingresan a trimestre vencido, «lo que arrastra a la hacienda comarcal a un sistemático incumplimiento de los pagos a proveedores y a gastos en intereses de la demora».

Más tasas y menos empleados

En paralelo ha sido necesario aumentar las tasas por la prestación de servicios, que han pasado de 1.075.010 euros a 1.449.000; y la plantilla se ha reducido desde 2009 de 164 a 119 personas, de las cuales el 25% están asignadas a servicios impropios. El 46% son monitores deportivos y auxiliares de ayuda a domicilio contratados a tiempo parcial.

En una comarca con 34 municipios (14 gobernados por el PSOE, 10 por el PP y 7 por el PAR) es significativo el apoyo general al acuerdo. «No es una cuestión política sino de responsabilidad, porque venimos arrastrando unas reducciones presupuestarias muy importantes y la asunción de unas competencias sin dotación que hipotecan el funcionamiento de la entidad», recordó Franch quien, como el resto de los asistentes, incidió en aquellas impropias, que generan ejercicio tras ejercicio un gasto para el ente comarcal.

Pero el asunto más grave es el de los bomberos. «Tenemos tres parques de bomberos y nos cuesta más de 500.000 euros al año». Si no reciben ayuda, la entidad se verá abocada a reducir algún puesto de trabajo, «cuando no directamente alguno de los parques», advirtió Franch, recordando que Ribagorza es un territorio singular, por su estructura orográfica, su dispersión y el envejecimiento poblacional. Esta situación ya se dio en la comarca de la Litera, teniendo en cuenta además que el servicio de protección civil sí es una competencia propia, pero no el de extinción de incendios.

«No podemos seguir así»

Para el alcalde de Graus, del PP, José Antonio Lagüens, es «evidente» que existe un problema de financiación y de demora en el pago de las facturas. Entiende que habrá que articular unas vías de financiación «que ahora no existen» y recuerda que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local obliga a ser escrupulosos y trasparentes con sus balances y resultados.

El de Campo, del PAR, destacó la unanimidad. «No podemos seguir así, todos los servicios se tienen que prestan con una financiación y nosotros no lo estamos haciendo», dijo José Eusebio Echart. «Se nos criminaliza a las comarcas, se dice que estamos cargadas de personal, pero si tenemos que atender la ayuda a domicilio se tiene que hacer con trabajadores, y más en una comarca con tanta dispersión y una población tan envejecida», añadió.

Por su parte, Javier Mur, de Santaliestra (CHA), entiende que la comarca está en «serio peligro» por la política de «agobio financiero» que está soportando. «Cada vez nos vemos más obligados a desviar recursos propios que serían fundamentales para reducir una deuda que alcanza 1.300.000 euros en pagos a proveedores para dotar servicios que nos llegan deficitarios cuando no sin ningún tipo de dotación», denunció.