Els alcaldes de la N-230, reunits dilluns dia 11 a Sopeira, es queixen que l’única mesura que el ministeri de Foment ha posat en marxa per lluitar contra la sinistralitat d’aquesta carretera ha estat l’augment de radars i controls de la guàrdia civil.
«Nadie del Ministerio se ha puesto en contacto con nosotros, eso sí, han colocado tres radares móviles y están friendo a la gente a multas». El alcalde de Sopeira, José María Ariño, expresó así la queja compartida por los municipios aragoneses y catalanes situados junto a la carretera N-230, que hace dos meses consensuaron un manifiesto reclamando a Fomento medidas para contrarrestar la peligrosidad de esta vía que une Lleida con el valle de Arán.
Quince alcaldes y concejales de ayuntamientos de Huesca y Lérida se reunieron ayer precisamente en Sopeira, donde está uno de los tramos de mayor riesgo, y acordaron pedir a los ministerios de Fomento y de Interior sendas reuniones «urgentes» para exigir un plan de seguridad que evite, o al menos reduzca, el número de accidentes. Los achacan en buena medida al tráfico internacional de camiones. Entre Benabarre y Pont de Suert (Lérida) se calcula una media diaria de 500 vehículos pesados, en una carretera que en parte del recorrido ni siquiera tiene arcén, pese a ser una nacional.
El pasado julio se dispararon las alertas tras una sucesión de accidentes graves. Un camión volcó cortando la carretera durante seis horas y una persona falleció en un choque frontal. Alguna semana se han contabilizado hasta siete accidentes de tráfico. Además, tres de los tramos están considerados por asociaciones de automovilistas entre los más peligrosos de Aragón y de España.
Frente a la sucesión de siniestros, los alcaldes se quejan de que solo se están aplicando políticas sancionadoras «para aumentar la recaudación» y reclaman medidas que garanticen la seguridad vial y un paquete de inversiones. «En lugar de dar respuesta a las demandas del territorio de un mayor control del tráfico pesado, nos hemos encontrado con que en las últimas semanas se han incrementado los controles recaudatorios a turismos, que afectan en especial a quienes residen en la zona, que hacen uso diario, incluso en varias ocasiones al día, y por lo mismo son quienes más padecen la inseguridad», manifestaron los alcaldes en un comunicado.
A la reunión asistieron representantes de Benabarre, Viacamp, Tolva, Puente de Montañana, Arén, Sopeira, Montanuy y Bonansa y el presidente de la Comarca de la Ribagorza, por parte aragonesa; y de Pont de Suert, Vilaller, Bosots, Les y Vall de Boí, por parte catalana.
El encuentro es continuación de la reunión celebrada el 6 de junio en Vilaller, donde se reunieron 15 alcaldes, además de los presidentes de Ribagorza, Alta Ribagorza y Arán y parlamentarios nacionales. Todos consensuaron la denominada Declaración de Ribagorza-Arán sobre la seguridad en la N.230, que remitieron al Ministerio de Fomento para exigirle que incremente las inversiones, con mejoras en la seguridad vial para evitar los accidentes.
Entre las soluciones propuestas se mencionaba la necesidad de actuar en los puntos negros, extremar los controles de alcoholemia y descansos para los vehículos de gran tonelaje, mejora del firme y los desperfectos de la carretera en sus zonas más deterioradas o un plan integral para las travesías urbanas.
La reclamación de los alcaldes ha coincidido además con el tiempo en el que ha estado cerrado el paso de Somport, lo que ha incrementado el tráfico de camiones.
«Además de los controles de velocidad, a los que por supuesto no nos oponemos, tiene que haber mejora en las travesías, controles de carga, alcoholemia o de horas de conducción a los camioneros, ensanchar la calzada donde es estrecha y disponer carriles de frenado en las pendientes», detalló Miguel Gracia, alcalde de Arén. «La percepción que tenemos los alcaldes es que después de la reunión de junio todo ha quedado en medidas recaudatorias, y lo que tiene que haber es un plan de seguridad», añadió, recordando que los alcaldes son conscientes de que no se va a hacer en mucho tiempo la autovía A-14, ya proyectada.
El alcalde de Montanuy, José María Agullana, coincidió en que «la gente se queja de que lo único que hemos conseguido con la protesta es que pongan radares. Está bien que haya control, pero parece que solo buscan recaudar».
Publicat per Heraldo de Aragon, edició de Paper, dimarts dia 12 d’agost 2014
