Éstos últimos habían basado sus campañas electorales en la acérrima defensa de que el valenciano y el catalán eran lenguas diferentes (que, por si acaso, no lo son), consiguiendo captar al electorado anticatalanista. La mente privilegiada de Zaplana alcanzó a comprender que si absorbía esta corriente ideológica en su partido, conseguiría hacerse con la mayoría absoluta en los comicios de 1999. Sí, hubo un tiempo de minorías para el PP. El murciano lo consiguió, y no solo eso. Sentó un precedente para que sus compañeros de partido en comunidades catalanoparlantes fuera de Cataluña siguieran sus pasos. Poco a poco, su maniobra ha convertido a los hablantes de la Franja al «aragonés oriental» y a los de Baleares a la «lengua cooficial diferente al castellano».
El no-catalán gana elecciones por doquier infravalorando a quienes conservan el sí-catalán como lengua materna. La clave del éxito es no pronunciar la palabra maldita, convertir este idioma que utilizan unos diez millones de hablantes en el Bárcenas de la lingüística, el Lord Voldemort de las lenguas cooficiales. Si bien el nombre que se le da es lo de menos, el escaso respeto que recibe de las instituciones es lo de más. Los catalanoparlantes no son comunidades tribales que cayeron en la marmita del bilingüismo para resistir ante nada. Son ciudadanos que merecen una acertada política lingüística que se sostiene en tres ejes: educación, estandarización y normalización. Educación para aprender a leer y a escribir en catalán, estandarización para regular su uso en cada zona y normalización para que sea una herramienta de comunicación a todos los niveles en las cinco comarcas aragonesas. Aunque quizá con tanta exigencia llegue un día en que nos recriminen que hemos hablado catalán por encima de nuestras posibilidades.

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