El próximo pleno de la Paeria, que se celebrará el próximo día 31, lanzará un mentís al Gobierno de Aragón por su reciente Ley de uso, protección y promoción de lenguas y modalidades lingüísticas, en las que se denomina Lapao (Lengua aragonesa propia del área oriental) al catalán y Lapapyp (Lengua aragonesa propia del Prepirineo y el Pirineo) al aragonés. Tanto el PSC como CiU han registrado ya sendas mociones en defensa de la “unidad” del catalán y negocian una posición conjunta con el aval de sus 21 concejales sobre el total de 27 que forman la Corporación. La edil de Cultura socialista, Montse Parra, filóloga de formación, resaltó la falta de argumentos científicos de la norma aprobada por la Diputación General de Aragón y la calificó de “atentado” contra el idioma catalán en la comunidad vecina. Así, destacó el “transfondo político” que ha movido tanto al PP como al Partido Aragonés para alterar la anterior ley, de 2009, aprobada con el socialista Marcelino Iglesias, el único presidente que ha tenido Aragón procedente de la Franja (es natural de Bonansa, en la Ribagorza). El propio jefe de la oposición, Joan Ramon Zaballos, confirmó ayer que las negociaciones entre los dos grupos están abiertas y que existe “voluntad” para conseguir un posicionamieto conjunto. “Buscamos ampliarlo lo máximo posible y no descartamos incluir al PP de entrada”, aseguró el portavoz nacionalista, que a su vez ha ejercido durante años como docente de alemán. Sin embargo, desde el grupo popular aseguraron que no hay posibilidades de llegar a un acuerdo en esta materia, porque la iniciativa supone “inmiscuirse” en la realidad de otro territorio. “Bastantes cosas tenemos que hacer aquí en el Ayuntamiento de Lleida, como para meternos en lo que tienen que hacer otras administraciones con sus competencias”, indicó el concejal Joan Viella. Tanto la moción socialista como la de la coalición nacionalista reclaman básicamente dos cosas: una enmienda en el tratamiento simbólico que se hace de la lengua catalana, reconocida como tal por todas las instancias académicas e internacionales que se han pronunciado al respecto, y la modificación de la norma, de modo que se preserve la salud del idoma catalán en la Franja. Curiosamente, el aragonés, que recibe un tratamiento parejo, está incluido por la Unesco como uno de los idiomas minoritorios en mayor riesgo de desaparación. Previsiblemente, la resolución que pacten ambas formaciones será trasladada al Gobierno de Aragón, lo que abrirá un nuevo frente institucional con la DGA, con la que ya se mantiene un conflicto abierto a cuenta de la custodia, conservación y exhibición del arte de la Franja. Hoy mismo, la Diputación de Lleida someterá a votación una declaración en defensa de los “derechos lingüísticos” de los cerca de 50.000 aragoneses que hablan catalán. Y, dentro de la comunidad vecina, el Ayuntamiento de Mequinenza ha convocado una cumbre de alcaldes contra la norma para el próximo día 1 de junio.
Publicat per “La Manyana” edicio paper dimecres 23 d maig de 2013
CiU, con el apoyo de Convergència
Democràtica de la Franja (CDF), ha impulsado una campaña en contra de la nueva ley de lenguas aragonesa, que anula la denominación de «catalán» y define como «lengua aragonesa propia del área oriental» el idioma que se habla en esta zona. La iniciativa consistirá en el impulso de mociones en «toda la administración local», según explicó ayer la secretaria general de CDF, Marta Canals, quien ya avanzó que, sin embargo, la vía podría ser la judicial. «En clave institucional y política, en Aragón está todo vendido, porque las mayorías son las que son y no da para más», reconoció. Así, se mostró dispuesta a pedir amparo a Europa. «La Carta europea de lenguas regionales y minoritarias es fundamental y el Estado español la ratificó, en la jerarquía del ordenamiento jurídico, está por encima», recordó, y añadió que «además, llevamos tres informes de esta comisión precisamente denunciando la situación del catalán en la Franja». «Argumentos jurídicos los hay», concluyó. En cualquier caso, el primer paso en Cataluña será la presentación de mociones, y en Aragón, la reunión de alcaldes y ediles de municipios contrarios a la nueva normativa, un encuentro previsto para el 1 de junio en Mequinensa en el que se decidirá las acciones a emprender. La moción pide al gobierno de Aragón que «respete y utilice la denominación científica internacional de la lengua hablada en la Franja, el catalán, como riqueza patrimonial cultural», insta al parlamento aragonés a «dejar sin efecto» la nueva ley y pide al ejecutivo que «implemente la enseñanza obligatoria del catalán en los centros educativos de los municipios de la Franja». El de Lleida ha sido el primer Consistorio en confirmar que la aprobará. Ayer, PSC y CiU, que suman 21 de los 27 concejales, registraron sendas mociones por separado, aunque con textos idénticos y con la voluntad anunciada de votarlos de forma única en el pleno del 31 de mayo. El líder de CiU, Joan Ramon Zaballos, lamentó que la intención era «hacer una declaración institucional», pero que los seis ediles del PP la rechazaron. «Los concejales del PP lo ven claro, incluso lo han manifestado públicamente, pero tienen instrucciones del partido de votar en contra», lamentó la portavoz de CiU, Bea Obis. La Diputación de Lleida, en cambio, sí ha optado por la vía de la declaración institucional, que tiene previsto aprobar en el pleno de hoy. En la presentación de la moción, Canals criticó los argumentos del gobierno aragonés en defensa de la ley, que calificó de «aberración», «acientífica» e «infumable». Zaballos insistió en el anticatalanismo que hay detrás de la ley e ironizó que «si mañana el Parlament decidiera que lo que se habla en Cataluña es lapao, al día siguiente el Gobierno de Aragón cambiaría el nombre de la lengua».
Publicat pee “El Mundo”, edicio de paper, dimecres dia 23 de maig de 2013
